El Colegio de Abogados de Sevilla ha presentado este jueves los resultados del Barómetro de la Abogacía, un estudio que refleja la preocupante percepción de los profesionales del derecho respecto al sistema judicial. Los datos revelan una insatisfacción generalizada: el 88% de los abogados sevillanos manifiestan su descontento con el funcionamiento de la Justicia, denunciando deficiencias estructurales, ineficiencias y problemas tecnológicos que afectan el ejercicio de la profesión.
Según el informe, uno de los principales problemas radica en las dilaciones indebidas y retrasos injustificados que dificultan el desarrollo ágil de los procedimientos judiciales. Estas demoras afectan no solo a los abogados, sino también a los justiciables, generando un perjuicio que se refleja en numerosas sentencias.
Otro aspecto que los abogados destacan es la dificultad de acceso a jueces, fiscales y Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), lo que complica la comunicación y la resolución efectiva de los asuntos legales. A esta problemática se suma la precariedad tecnológica: aunque LexNET es una herramienta ampliamente utilizada, los encuestados señalan que sus fallos técnicos y problemas de usabilidad requieren mejoras urgentes.
La falta de confianza en los mecanismos de reclamación también queda en evidencia en el estudio. Un elevado porcentaje de los abogados opta por no interponer quejas ante incidencias, lo que revela una desconfianza generalizada en los procesos de queja y resolución. Esto sugiere que el sistema de control y garantía de los derechos profesionales necesita una revisión profunda.
Ante este panorama, el ICAS ha propuesto una serie de medidas para mejorar la Justicia en Sevilla. Entre ellas, destacan:
- Mayor inversión en recursos humanos y tecnológicos para agilizar los procedimientos judiciales.
- Revisión y mejora de LexNET, garantizando su correcto funcionamiento y reduciendo incidencias.
- Fortalecimiento del papel del Colegio de Abogados como intermediario ante la Administración de Justicia.
- Concienciación sobre la importancia de la colaboración profesional entre abogados, jueces, fiscales y LAJ.
El decano del ICAS, Óscar Fernández León, ha calificado los resultados del barómetro como «una realidad preocupante para la abogacía sevillana». En este sentido, ha afirmado que «no es aceptable que el 88% de nuestros compañeros y compañeras se sientan insatisfechos con el funcionamiento de la Justicia. Desde el colegio seguiremos trabajando con las instituciones para impulsar mejoras estructurales que garanticen un sistema judicial más ágil, accesible y eficiente».
Por su parte, Jorge Aguado, miembro de la Junta de Gobierno del ICAS, ha enfatizado que «el barómetro de la abogacía no solo es un reflejo del sentir de los profesionales del derecho en Sevilla, sino una herramienta para el cambio. Nuestro compromiso es utilizar estos datos para promover soluciones concretas y trabajar por una Justicia más justa y operativa».
En la misma línea, María Jesús Gimeno Puche, responsable de la Comisión de Defensor del Abogado, ha recordado que la entidad ha tramitado y resuelto quejas de abogados ante situaciones de indefensión, invitando al colectivo a seguir presentando sus reclamaciones a través de la web del Colegio.
A modo de acción inmediata, el ICAS solicitará una reunión con el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, para abordar soluciones urgentes. Además, se celebrarán encuentros con los distintos operadores jurídicos (jueces, fiscales, LAJ y funcionarios) con el objetivo de exponer los resultados del barómetro y trabajar conjuntamente en estrategias de mejora.
El Barómetro de la Abogacía pone en evidencia los grandes retos del sistema judicial en Sevilla, haciendo un llamado a las autoridades competentes para implementar mejoras estructurales que optimicen la eficiencia, accesibilidad y calidad de la Justicia.
