Ha caído como un jarro de agua fría y generado una respuesta inmediata. Para la Federación de Promotores Inmobiliarios de Andalucía, Fadeco, la propuesta del Gobierno de introducir en la Ley de Vivienda la obligación de destinar a VPO un 30% de las viviendas de cada promoción «generan inseguridad jurídica a la inversión y un intervencionismo que derivará en resultados opuestos a los objetivos que dicen perseguir, es un atropello que pone en riesgo el sector inmobiliario».
Desde Fadeco se muestran sorprendidos al ver que «el Gobierno de España trata de legislar sobre una materia transferida a las comunidades autónomas, con la consecuente inseguridad jurídica que esto conlleva». Además, alegan que, siendo un tema de tal transcendencia económica, social y jurídica, parece inaudito que no se disponga de un exhaustivo estudio previo, con consultas a organizaciones empresariales y colectivos de diversa índole, desde luego los relacionados con la promoción, la construcción y todo el ámbito inmobiliario.
Fadeco Promotores está totalmente en contra de la Intervención propuesta en el mercado del alquiler, poniendo de manifiesto la certeza de que con un mercado intervenido la huida de capitales hará que la oferta de vivienda disminuya drásticamente, haciendo subir los precios. Ponen como ejemplo los resultados obtenidos con medidas similares puestas en marcha en otros países, o incluso en la comunidad Catalana, que según las cifras que manejan, han traído consigo la desaparición miles de viviendas del mercado inmobiliario. La seguridad jurídica y la marcha de un sector, que está siendo clave en la recuperación del empleo tras la pandemia, no puede alterarse con anuncios de este calado, atacando al derecho a la propiedad privada.
El presidente de Fadeco Promotores, Francisco Martínez-Cañavate, ha calificado los bonos directos de 250 euros/mes para el alquiler, como una medida que debería encontrar la adecuada estabilidad para que esos jóvenes no tengan que dar un paso atrás una vez acabada una ayuda como la propuesta; las soluciones deben ser a largo plazo.
Con respecto a la anunciada obligación de establecer en todas las promociones, una reserva del 30 % de la edificabilidad a vivienda protegida -y que la mitad de esta sea alquiler social-, recuerdan que ya a día de hoy tienen que hacer reservas de suelo protegido en los nuevos desarrollos, y que con las nuevas obligaciones, sólo dejarían en la cuneta proyectos que pasarían a ser inviables, con la consecuente huida de la inversión, y reducción de oferta, que tensionaría más aún los precios.
Fadeco Promotores, coincide con el ejecutivo que hay que poner en marcha medidas para solventar el problema de acceso a la vivienda en España, y pone sobre la mesa, algunas concretas, siempre incentivadoras de la actividad, bajo criterios de seguridad jurídica, que apoyen la creación de empleo y solucionen el problema desde la base.
El presidente de los promotores, pidió a las administraciones un compromiso real con la política de vivienda, “que no requiere de grandes dotaciones presupuestarias sino de voluntad”, así mencionó la necesaria puesta en carga suelos públicos para la construcción de vivienda en venta o alquiler, que pueden desarrollar las propias administraciones, pero para lo que también pone a disposición la colaboración privada. También citó los incentivos fiscales, como fórmula de dinamizar el mercado, poniendo como ejemplos la bajada del iva de la vivienda, o deducciones en el IRPF por la adquisición de vivienda habitual.
Desde Fadeco Promotores, se considera que la principal dificultad actual para emanciparse se encuentra en la situación laboral de los jóvenes, que tienen pocas posibilidades de obtener ingresos y ausencia de oportunidades, por lo que hay que incidir en políticas que faciliten su incorporación al mercado laboral, y de apoyo para aquellos que teniendo capacidad de pago, no cuentan con el ahorro inicial suficiente para dar la entrada de una vivienda.
En definitiva, abogan por establecer una política de vivienda expansiva que mejore la oferta, atraiga inversión y mejore la calidad de vida del ciudadano, generando certidumbre.
