La Junta de Andalucía ha iniciado los trámites para dar de baja a más de 2.600 viviendas inscritas en el Registro de Turismo andaluz por incumplir los requisitos urbanísticos necesarios para su uso como alojamiento turístico, tal y como ha informado el presidente andaluz, Juanma Moreno, en sesión de control parlamentario.
Estas viviendas forman parte de un total de 2.932 identificadas hasta la fecha, según los informes remitidos por los ayuntamientos de Sevilla (715), Málaga (1.550) y Cádiz (667). La cifra sigue en actualización constante, según ha informado la Junta.
La inscripción en el Registro de Turismo se realiza mediante una declaración responsable del propietario, quien debe garantizar que el inmueble cumple con los requisitos establecidos en el Decreto de Viviendas de Uso Turístico de la Junta de Andalucía. Uno de estos requisitos es la compatibilidad del uso turístico con la ordenación urbanística del municipio. Si se comprueba que incumple, la administración regional procede a la baja de la vivienda.
Según indica la Junta de Andalucía, cuando un ayuntamiento comunica formalmente que una vivienda no cumple con esta normativa, el Registro de Turismo inicia un proceso administrativo para cancelar su inscripción. Tras un periodo de audiencia con el propietario, si se confirma el incumplimiento, la vivienda es dada de baja.
Este proceso afecta ya a más de 2.600 viviendas, y se espera que el número siga aumentando a medida que se revisen más casos.
Limitación en Sevilla
Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado en pleno la regulación que limita las viviendas de uso turístico (VUT) a un máximo del 10% del total de viviendas en cada uno de los 108 barrios de la ciudad. El objetivo del gobierno local con esta medida es «frenar limitada» la concesión de licencias para pisos turísticos en áreas consideradas «saturadas», como el casco histórico.
La propuesta recibió el respaldo del grupo municipal de Vox, tal como se había adelantado, mientras que el resto de la oposición votó en contra. En la sesión plenaria de junio, los partidos opositores ya habían rechazado la medida, solicitando una limitación «más estricta y ambiciosa». Tanto el PSOE como Con Podemos-IU han advertido que la nueva normativa permitiría hasta 23.000 viviendas turísticas adicionales en barrios que no sean considerados como saturados.
